El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como objetivo garantizar la disciplina presupuestaria de los Estados miembros, que se comprometen a cumplir el objetivo presupuestario a medio plazo de alcanzar una situación de proximidad al equilibrio o superávit, debiendo aplicar los ajustes presupuestarios correctores que estimen necesarios sin demora cuando se les notifique la existencia de un riesgo de déficit excesivo. El pasado mes de noviembre la Comisión Europea estableció que España (junto con Francia, Irlanda y Reino Unido) habían tomado medidas eficaces para la contención del déficit, pero que el empeoramiento que había sufrido la situación económica planteaba la necesidad de revisar las recomendaciones existentes y retrasar un año las fechas límite fijadas para la corrección de los déficit presupuestarios (es decir, 2013 en el caso de España).
El Plan del Gobierno
Los principales cambios con respecto a las anteriores previsiones para 2010 vienen de la mano del repunte del déficit esperado para las comunidades autónomas (del 2,5% al 3,2%) y para corporaciones locales (del 0,4% al 0,7%), que vendría explicado parcialmente por ajustes de carácter técnico consecuencia del aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas de ingresos tributarios cedidos que las entidades territoriales tienen pendiente con el Estado en relación a 2008 y, previsiblemente 2009.
El déficit estructural primario estimado es del -8,1% del PIB, que si se descuentan las medidas de carácter transitorio de 2009 (que no continuarían en 2010), el saldo estructural primario sobre el que se deberá actuar es del -5,7%. Los Presupuestos para 2010 contienen medidas de ajuste en ingresos (entre ellas, las subidas de tipos de impuestos indirectos) y contención del gasto del 2,1% del PIB, lo que determina que el ajuste fiscal a realizar sea del -3,6%. No obstante, sobre este valor intervienen dos factores: la necesidad de registrar un mínimo saldo primario positivo en 2013 por recomendación del Consejo (0,1% PIB) un 0,6% del PIB de gastos adicionales comprometidos en el medio plazo.
En términos monetarios y por partidas, el recorte en la remuneración de asalariados es el que supone un mayor importe (6.600 millones de euros), que puede parecer optimista dado que buena parte de la plantilla (sanidad y educación) depende de la gestión autonómica. Casi la mitad del recorte señalado se justifica por jubilaciones así como la práctica congelación de la Oferta de Empleo Público, pues sólo se repondrá el 10% de las plazas. El resto se imputa a medidas de contención salarial y posiblemente de la reestructuración del sector público dependiente (supresión organismos), del que todavía no se conoce detalle.
La reducción del 1,1% de la partida de consumos intermedios y transferencias es otra de las vías de actuación que ya ha comenzado a ejecutarse con la exigencia, con carácter casi inmediato, de un esfuerzo a los distintos Ministerios de concretar no disponibilidades de crédito, dicho de otra forma, de señalar aquellas partidas de gasto que no van a acometerse. Por último, también se reduce la inversión pública, lo que tiene el doble efecto, como no puede ser de otra forma, de reducir el desequilibrio financiero inmediato, pero afectar de manera negativa (“ceteris Paribas”) a la evolución del PIB. Este último aspecto no deja de ser preocupante, puesto que la reducida capacidad competitiva relativa de la economía española no se corrige solo con la política presupuestaria, y la contracción de los niveles de inversión (en capital físico, en I+D+i…) no van a contribuir a reducir los diferenciales que exhibimos con nuestros vecinos y socios europeos.
Además del detalle acerca de las cuentas públicas, el Plan viene acompañado de un escenario macroeconómico, que incorpora un horizonte de fuerte de recuperación a partir de 2011 (todavía 2010 presenta como media anual un decrecimiento). ¿En qué se basa la mejora? Por un lado en una mejora sustancial del consumo de los hogares (el empleo crece casi un 2% en 2012) y repunte progresivo de la inversión en bienes de equipo. Por otra parte, las medidas de contención del gasto público se trasladan al cuadro macro en forma de caídas del consumo público a partir de 2011, así como una corrección significativa del componente público de “otra construcción” (obra civil, infraestructuras…), que fue uno de los principales factores de apoyo durante 2009.
Coincidiendo con la presentación de este Plan, que no como consecuencia, se produjo un incremento de la volatilidad de los mercados, que ya se venía observando en las últimas semanas, con cesiones bursátiles generalizadas así como incremento de las cotizaciones de los CDS sobre las deudas soberanas. Efectivamente, los países que muestran una mayor vulnerabilidad de sus agregados macro han sufrido en mayor medida los embates de los operadores más especulativos. España se encuentra en el punto de mira de muchos de ellos y así el retroceso del IBEX el jueves fue muy superior al del resto de bolsas europeas, y, por ejemplo, en la subasta del 3 de febrero, el Tesoro tuvo que pagar unos tipos 50 puntos básicos superiores a los del mes de diciembre, aun a pesar de que no colocó el máximo previsto. Este hecho ha sido generalizado, es decir, todos los Tesoros han visto como se encarecía su financiación, aunque Portugal y España han sido las más castigadas.
8 DE FEBRERO DE 2010